Acorralado por las cifras funestas que ha dejado “su guerra contra el narcotráfico”, el presidente Felipe Calderón volvió a justificar la muerte de casi 18 mil personas en sus tres años de gobierno señalando que “probablemente 90% de esa gente estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”.

“Probablemente” y “de una u otra manera” son el tipo de palabras imprecisas con las que el presidente Calderón enfrenta sin enfrentar la responsabilidad que tiene en la masacre que se ha originado luego de que, sin un plan definido, declarara la guerra a los cárteles de la droga para legitimar las elecciones donde fue nombrado presidente, siguiendo, como se sabe ahora, instrucciones también imprecisas de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

En entrevista para el influyente diario estadounidense The Washington Post, Calderón Hinojosa dijo que ahora el principal objetivo de la guerra antinarco es construir “una policía más moderna y más honesta a nivel federal” para convertir a México “en un lugar más seguro donde la gente y los niños puedan ser realmente libres”.

Una vez renovadas las policías locales y la federal, “podremos retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles”, dijo el presidente, para quien las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos castrenses no han merecido la menor atención, ya que son consideradas daños colaterales. En este sentido, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, incluso ha señalado que estas quejas lo único que buscan es dañar la imagen del Ejército ante la ciudadanía, con lo que las reduce a simples rumores.

El carácter elitista de la “sensibilidad oficial” se manifestó recientemente cuando tras la agresión que sufrió el jugador paraguayo Salvador Cabañas, el presidente Calderón se comunicó horas después con la familia del delantero e incluso con el presidente del país sudamericano, Fernando Lugo, para prometer castigo a los culpables del “artero atentado”, y después debió pasar un día para que el mandatario federal emitiera su opinión sobre la masacre de 16 jóvenes en Ciudad Juárez, a quienes calificó arbitrariamente como miembros del crimen organizado, algo que después negó la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.

¿Merecían morir esos jóvenes por ser parte del crimen organizado, aun cuando sus edades rondaban los 17 años? El presidente Felipe Calderón parece creer que sí, sacudiéndose de este modo la responsabilidad que le toca en el asunto, ya que pese a promocionarse como “presidente del empleo” durante su campaña no ha logrado ofrecer las oportunidades de desarrollo a los millones de jóvenes que se han convertido en carne de cañón de los cada vez más fortalecidos cárteles de la droga.

“Tengo serias preocupaciones sobre este asunto”, dijo en la misma entrevista Felipe Calderón Hinojosa al referirse a la generación que ya es conocida como nini (que ni estudia ni trabaja), y con la que se está echando por la borda el bono demográfico que el país tiene en estos momentos, el cual de oportunidad de crecimiento pasó a convertirse en problema mayúsculo en una sociedad que excluye a la mayoría de sus jóvenes del mercado laboral y de la educación universitaria.

A lo largo de estos tres años de mandato, el presidente Calderón ha informado poco y mal de los resultados de la guerra contra el narcotráfico; no ha respondido a las acusaciones sobre la parcialidad de esta guerra que parece beneficiar a unos cárteles y ensañarse con otros (situación que ya ha sido documentada incluso en el extranjero), además de seguir obviando que al ser una guerra interna, las bajas en cualquiera de los bandos no pueden considerarse como una victoria.