Con el voto en contra del PRD y Convergencia, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la Cuenta Pública de 2008 a 129 municipios, no así a 83 ayuntamientos por presentar un posible daño patrimonial de 356 millones de pesos.

También por mayoría de votos los diputados avalaron el manejo financiero de las dependencias estatales del mismo año fiscal por no presentar irregularidades en el gasto público.


Hay que destacar que en el informe de resultado que entregó el Orfis al Congreso del Estado en 11 entidades paramunicipales, se detectaron inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario, tal es el caso del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz- Boca del Río- Medellín, y el Hidrosistema de Córdoba.

Asimismo, registran ese tipo de inconsistencias las comisiones municipales de Agua y Saneamiento de Alvarado, La Antigua Banderilla, Coscomatepec, Fortín, Naolinco, San Andrés Tuxtla, Tempoal y Tierra Blanca.


Durante la dilución de la Cuenta Pública 2008 se confirmó el probable quebranto patrimonial por más de 362 millones de pesos dividido en 83 ayuntamientos y dos institutos tecnológicos, Las Choapas y Perote, sin embargo, los diputados del PRD pusieron en duda dicho informe de resultados.

El primero en subir a la tribuna a refutar el trabajo del Orfis, fue el diputado Manuel Bernal quien dijo: “Los diputados de oposición no contamos con el informe de resultado para analizar si, en efecto, en 31 dependencias del Poder Ejecutivo no se detectaron irregularidades por posible daño patrimonial ni inconsistencias administrativas; si en 83 no se detectaron irregularidades por posible daño patrimonial pero sí inconsistencias de carácter administrativo y solamente en dos entidades, que por otra parte no son de las más importantes, tienen inconsistencias que podrían constituir un posible daño patrimonial”.

Y agregó: “Me cuesta trabajo creer en la veracidad de dicho informe cuando se ha observado gran cantidad de información que constata lo contrario. ¿Cómo podemos creer que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no tiene ninguna inconsistencia que pueda traducirse en daño patrimonial, cuando se han hecho públicos los problemas de corrupción, de tráfico de influencias, de reclamo del “diezmo”, de exfuncionarios que se convierten en empresarios de la construcción, de mala calidad en las obras, como se reflejó en el puente Murillo Vidal y en el túnel sumergido de Coatzacoalcos?”.

Hay que destacar que previo a la sesión en entrevista, se le cuestionó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leopoldo Torres, y al diputado de Córdoba integrante de la Comisión de Fiscalización, el paso a seguir después de aprobar la cuenta pública, pero ninguno de los dos supo dar respuesta; incluso Leopoldo Torres se justificó al señalar que esa información la tiene la Comisión de Vigilancia.

Fue el diputado Gonzalo Guízar quien aclaró que el Orfis tiene de término el mes de mayo para solventar observaciones o de lo contrario se presentará denuncias en su contra por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal ante autoridades ministeriales.

Se aprobó la cuenta pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos como IEV, IVAI, Orfis, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Universidad Veracruzana, 129 ayuntamientos y 11 organismos paramunicipales del agua.

En el caso particular del Poder Ejecutivo se avaló a 31 dependencias y entidades la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008, debido a que no presentaron anomalías.

Sólo en 83 entidades gubernamentales, la Contraloría Estatal y los órganos de control interno tendrán que dar seguimiento a observaciones por la posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario a cargo de servidores públicos o ex servidores públicos como las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Finanzas, Educación, Desarrollo Económico, Comunicaciones, Medio ambiente, Desarrollo Agropecuario, Salud, Turismo, Protección Civil, la Procuraduría estatal, el IFIDEV, IVEA, IVEC, IVM, Cobaev, Injuver, IVD, Maver, JEC y CAEV.

A esa lista se suman los institutos tecnológicos de Acayucan, Chicontepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Jesús Carranza, Rodríguez Clara, Misantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Xalapa y Zongolica, así como a varios fideicomisos públicos los cuales pueden consultarse en la pagina electrónica www.orfis.gob.mx.

También se aprobó la aplicación de recursos en 129 ayuntamientos al no detectarse irregularidades que hagan presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio, pero sí inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario a cargo de servidores o ex servidores públicos obligados, donde se enlista a Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y otros.

Ultimátum a 83 alcaldes

Se confirmó un daño patrimonial por más de 362 millones de pesos en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008 entre 83 ayuntamientos y dos institutos tecnológicos, quienes tendrán que solventar observaciones antes de mayo para no ir a la cárcel.

El problema mayor lo enfrenta la alcaldesa de Acayucan, Regina Vázquez Saut, que tendrá que resarcir 59.2 millones de pesos y le sigue Blanca Batalla, de Álamo Temapache, con 31.8 millones. En tercer lugar está Atzalán con 16.1 millones de pesos; Filomeno Mata con 16.2 millones de pesos; Tempoal con 15.2 millones de pesos; Tecolutla con más de 14 millones de pesos y Pánuco con más de 12 millones de pesos.

Además, Carlos A. Carrillo, 11.2 millones de pesos; Alvarado, 8.5 millones de pesos; Perote, 8.1 millones de pesos; Moloacán, 7.8 millones de pesos; Coyutla, 7.1 millones de pesos; Coxquihui, 6.5 millones de pesos; Ilamatlán, 6.4 millones de pesos; Teocelo, 5.9 millones de pesos; Tlacotalpan, 5.8 millones de pesos; Zacualpan, 5.7 millones de pesos; Ixhuatlán del Sureste, 5.5 millones de pesos; Saltabarranca, 5.4 millones de pesos; Coahuitlán, 4.8 millones de pesos; Totutla, 4.4 millones de pesos; Soteapan, 4.3 millones de pesos; Atoyac, 4 millones de pesos; Tlachichilco, 3.8 millones de pesos; Acula, 3.7 millones de pesos; Actopan, 3.4 millones de pesos; Maltrata, 3.3 millones de pesos; Camerino Z. Mendoza, 3.2 millones de pesos; Manlio Fabio Altamirano y Minatitlán 2.9 millones de pesos, cada uno.


Las Minas y Tenampa, 2.5 millones de pesos cada uno; Castillo de Teayo y Cazones de Herrera, 2.4 millones de pesos cada uno; Soledad Atzompa, 2.3 millones de pesos; Mecatlán 2.3 millones de pesos; Mixtla de Altamirano, Tantoyuca y Tihuatlán, dos millones de pesos cada uno.

Iztaczoquitlán, Nanchital, Chiconquiaco y Nogales, 1.9 millones de pesos cada uno; Medellín, 1.8 millones; Ayahualulco, 1.7 millones de pesos. Tepetlán, Amatitlán y Tequila por 1.5 millones de daño patrimonial cada uno. Santiago Sochiapa, Cotaxtla y Tlaquilpa, 1.3 millones de pesos cada uno; Yecuatla, 1.2 millones de pesos y Tlacotepec de Mejía, 1.1 millones de pesos.

Espinal y Huiloapan de Cuauhtémoc, Vega de Alatorre, Tehuipango y Oluta un millón de pesos un millón de pesos cada uno; Colipa, 917 mil pesos; Jalcomulco, 915 mil pesos; Benito Juárez, 795 mil pesos; Ixcatepec, 890 mil pesos; Gutiérrez Zamora, 807 mil pesos; San Rafael, 822 mil pesos; Tancoco, 813 mil pesos; Tlilapan, 815 mil pesos y Tonayán, 803 mil pesos.

Así como Chumatlán, con 773 mil pesos; Comapa, 751 mil pesos; Zaragoza, 652 mil pesos; Omealca, 633 mil pesos; Cuitláhuac, 626 mil pesos; Alto Lucero, 614 mil pesos; Ixmatlahuacan, 570 mil pesos; Mecayapan y Chinameca 565 mil pesos cada uno, Los Reyes, 564 mil pesos; Xico, 560 mil pesos; Tlalnelhuayocan, 546 mil pesos; Soledad de Doblado, 527 mil pesos; Jáltipan, 522 mil pesos y Jesús Carranza, 523 mil pesos.